La persecución penal por matrimonio fraudulento para conseguir beneficios migratorios “es controlado por el Departamento de Justicia” y prevé una pena de cinco años de prisión y una multa de $250,000 para cualquier persona “que a sabiendas contrae matrimonio con el propósito de evadir cualquier disposición de las leyes de inmigración”, dijo la agencia.

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